La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes de reforma al Código Penal de San Luis Potosí con el objetivo de fortalecer las sanciones contra quienes encubran delitos graves, aun cuando exista parentesco con la persona responsable de los hechos.

La presidenta de la comisión legislativa, diputada María Leticia Vázquez Hernández, informó que las modificaciones buscan eliminar criterios que actualmente permiten excluir de responsabilidad penal a familiares involucrados en actos de encubrimiento relacionados con delitos de alto impacto, especialmente aquellos cometidos contra niñas, niños y adolescentes.

Con estas reformas, podrán ser sancionadas las personas que oculten o protejan a responsables de delitos como feminicidio, homicidio de menores de edad, violación, pederastia, trata de personas, incesto y difusión ilícita de imágenes, así como otros ilícitos vinculados con la libertad y seguridad sexual.

La legisladora explicó que uno de los dictámenes contempla cambios al artículo 283 del Código Penal estatal para incorporar todos los delitos incluidos dentro del apartado referente a delitos sexuales y al desarrollo psicosexual, evitando que exista una excusa absolutoria para familiares que participen en el encubrimiento de estos hechos.

Añadió que la segunda iniciativa también incorpora de manera específica delitos como la trata de personas y el homicidio de menores, fortaleciendo así el marco jurídico para garantizar justicia y protección a las víctimas.

Durante el análisis legislativo, se solicitó opinión técnica a la Fiscalía General del Estado con el propósito de revisar la constitucionalidad y viabilidad jurídica de las propuestas. Además, se realizó un estudio comparativo con legislaciones de otras entidades para evaluar cómo se regula actualmente el delito de encubrimiento.

Vázquez Hernández señaló que, aunque históricamente la ley contemplaba excepciones derivadas de vínculos familiares y afectivos, actualmente resulta indispensable endurecer las medidas cuando se trate de delitos graves que vulneran derechos humanos y afectan a sectores vulnerables.

Los dictámenes aprobados serán turnados al Pleno del Congreso del Estado, donde deberán ser analizados y votados por las y los legisladores para definir su posible entrada en vigor.