La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado mantiene en análisis un Punto de Acuerdo que busca solicitar a autoridades federales la suspensión de la actualización en las tarifas de peaje aplicadas en carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), al considerar que podrían generar impactos económicos en diversos sectores productivos.

La presidenta de la comisión legislativa, diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, informó que la propuesta fue presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte y plantea exhortar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a CAPUFE, para que se detenga la entrada en vigor de los incrementos mientras se realiza una revisión integral de los criterios utilizados para autorizar el ajuste.

La legisladora explicó que uno de los principales argumentos es la falta de información pública relacionada con los fundamentos técnicos, económicos y administrativos que justifican el aumento en las tarifas de peaje, especialmente en entidades con fuerte actividad industrial y comercial como San Luis Potosí.

Señaló que el incremento en el costo de las casetas podría repercutir en mayores gastos de transporte de mercancías, insumos y productos, afectando tanto a empresas como a consumidores finales. Por ello, la comisión acordó solicitar opiniones técnicas a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal para enriquecer el análisis legislativo.

Durante la misma sesión, también se dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado, impulsada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, la cual busca proteger la continuidad laboral y operativa de los permisos temporales de transporte público.

La propuesta plantea que, en caso de fallecimiento o ausencia legal de la persona titular del permiso, familiares directos puedan asumir provisionalmente la prestación del servicio, siempre que el permiso esté vigente y no existan incumplimientos graves.

Jáuregui Mendoza indicó que esta reforma pretende garantizar la continuidad del servicio público y proteger las fuentes de empleo, evitando al mismo tiempo posibles irregularidades en la sustitución de titularidades dentro del sistema de transporte estatal.