Por Kenia Hernández

Prevén aprobar reformas electorales en SLP antes de dos semanas

Torres Sánchez aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto absoluto a la legalidad y actuará como garante del Estado de Derecho durante el próximo proceso electoral.

Las modificaciones a la legislación electoral de San Luis Potosí podrían quedar aprobadas en un plazo menor a dos semanas, con el objetivo de contar con reglas claras y actualizadas para el proceso electoral 2026-2027, informó el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario estatal adelantó que este martes sostendrá una reunión de trabajo con integrantes del Congreso del Estado antes de la sesión plenaria, en la que se revisarán las distintas propuestas planteadas hasta el momento para fortalecer el marco normativo en materia electoral.

Torres Sánchez señaló que durante el encuentro se analizarán las iniciativas que buscan adecuar la legislación local a los cambios promovidos a nivel nacional, entre ellos algunos aspectos contemplados en el denominado “Plan B”, relacionados con la reducción del número de integrantes de los cabildos municipales y ajustes en el financiamiento destinado a los congresos estatales.

De acuerdo con el titular de la Secretaría General de Gobierno, estas reformas tienen como finalidad perfeccionar las condiciones bajo las cuales se desarrollan los procesos electorales, garantizando una mayor eficiencia y certeza jurídica.

Asimismo, rechazó que las propuestas respondan a intereses particulares o de carácter político, al afirmar que el único propósito es consolidar una normativa que contribuya al fortalecimiento de la democracia y la organización de futuras elecciones.

Recordó que semanas atrás la totalidad de los diputados locales asumió el compromiso de impulsar una reforma electoral transparente, consensuada y orientada a brindar certidumbre tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos y candidatos.

Finalmente, Torres Sánchez aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá una postura de respeto absoluto a la legalidad y actuará como garante del Estado de Derecho durante el próximo proceso electoral.