La diputada Jessica Gabriela López Torres presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar de manera progresiva el derecho al cuidado como una garantía vinculada a la dignidad humana y la protección integral de las familias.
La propuesta plantea que las y los trabajadores del servicio público que desempeñen funciones de cuidado para familiares en situación de dependencia puedan acceder a permisos o licencias sin goce de sueldo en casos específicos, particularmente durante periodos críticos de salud como hospitalizaciones, crisis agudas, brotes psicóticos, estados de manía, reposo médico o cuidados paliativos.
El planteamiento incluye a personas cuidadoras de hijas e hijos con enfermedades como cáncer, padecimientos degenerativos neurológicos, metabólicos, musculoesqueléticos, respiratorios o cardiacos crónicos, así como accidentes cerebrovasculares, trastornos mentales severos, discapacidades del sistema nervioso o condiciones que limiten de forma significativa la funcionalidad del paciente.
De igual forma, se contempla a quienes atienden a familiares ascendientes en primer grado que enfrenten enfermedades similares, siempre que exista una situación de dependencia funcional que requiera acompañamiento constante o apoyo directo para su atención médica y rehabilitación.
La iniciativa establece que este tipo de licencias no implicará la pérdida de derechos laborales ni de antigüedad, con el fin de proteger la estabilidad de las y los trabajadores mientras cumplen con labores de cuidado en el entorno familiar. Para su otorgamiento, será necesario acreditar la condición médica mediante certificados emitidos por instituciones públicas de salud o establecimientos privados autorizados.
Asimismo, la legisladora destacó que la propuesta se alinea con tendencias nacionales e internacionales que buscan reconocer el trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, además de fortalecer el marco jurídico para hacerlo más incluyente y justo.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, así como de Salud y Asistencia Social, donde será analizada para su eventual dictamen y discusión legislativa.
