El Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a implementar y reforzar programas de capacitación dirigidos a sus cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal, con el objetivo de asegurar que su desempeño se realice bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

La propuesta, impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, establece que la formación de los elementos municipales debe contemplar temas fundamentales como derechos humanos, detenciones legales, debido proceso, presunción de inocencia, ética en el servicio público, policía de proximidad, mediación y mecanismos de resolución pacífica de conflictos, además de responsabilidad administrativa.

Durante la exposición del dictamen, se señaló que en distintos municipios se han registrado denuncias y señalamientos por presuntas prácticas indebidas cometidas por algunos agentes de tránsito y policías municipales, entre ellas detenciones arbitrarias, fallas en el debido proceso y acciones que no corresponden a modelos de proximidad social.

Asimismo, se advirtió que estas conductas pueden derivar en abusos de autoridad, entendidos como el uso indebido del cargo público para ejercer control, intimidación o acciones fuera del marco legal, lo que incluso podría constituir responsabilidades administrativas o penales.

El Congreso destacó que este tipo de situaciones afectan directamente la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad, por lo que resulta necesario fortalecer la profesionalización, supervisión y evaluación constante de los cuerpos policiales municipales.

La diputada promovente subrayó que es indispensable consolidar corporaciones más cercanas a la ciudadanía, capacitadas y sensibles a los principios constitucionales, a fin de garantizar intervenciones correctas durante hechos de tránsito o situaciones de seguridad pública.

El exhorto aprobado también plantea la importancia de investigar de manera seria las denuncias por abuso de autoridad, así como aplicar sanciones cuando se acrediten irregularidades, reforzando los mecanismos de control interno en los municipios.

Finalmente, el Congreso llamó a los 59 ayuntamientos a atender esta recomendación y asegurar que sus elementos de seguridad actúen siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos humanos de la población.