Las auditorías a la obra pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 han comenzado a arrojar observaciones relevantes en distintos proyectos ejecutados por organismos y dependencias sujetas a fiscalización, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

De acuerdo con el funcionario, las revisiones técnicas y documentales realizadas hasta el momento han permitido identificar irregularidades recurrentes en el manejo de recursos públicos destinados a infraestructura. Algunas de estas observaciones podrían constituir faltas administrativas de carácter grave e incluso dar paso a procedimientos de investigación para determinar posibles responsabilidades.

Las auditorías incluyen inspecciones físicas en las obras reportadas por los entes fiscalizados, con el objetivo de verificar que los recursos públicos hayan sido aplicados conforme a los proyectos autorizados. Los especialistas revisan aspectos como avances reales de construcción, calidad de materiales, cumplimiento de especificaciones técnicas, tiempos de ejecución y congruencia entre los montos ejercidos y los trabajos realizados.

Además de las visitas de campo, el proceso contempla el análisis detallado de expedientes técnicos, contratos, bitácoras de obra, procesos de adjudicación, precios unitarios, estimaciones de avance y documentación relacionada con anticipos y pagos. También se realizan mediciones, pruebas de laboratorio y verificaciones para confirmar que la infraestructura construida corresponda a lo reportado oficialmente.

El Instituto destacó que uno de los principales objetivos de este modelo de fiscalización es garantizar que los recursos destinados a infraestructura generen beneficios reales para la ciudadanía y que las obras cumplan con los estándares de calidad y legalidad establecidos. La revisión de proyectos públicos se ha convertido en una herramienta clave para fortalecer la transparencia y prevenir posibles actos de corrupción.

Las auditorías continúan en distintas regiones del estado y los resultados definitivos formarán parte de los informes de fiscalización correspondientes. Una vez concluido el proceso, las autoridades determinarán las acciones procedentes en aquellos casos donde se acrediten inconsistencias, daños al patrimonio público o incumplimientos a la normatividad vigente.