Un juez civil de Ciudad Juárez, Chihuahua, emitió una sentencia que obliga al Instituto Tesla a pagar una indemnización de 21 millones de pesos a un exalumno que fue expulsado en 2022 tras ser señalado por presuntos actos de acoso sexual y conductas inapropiadas dentro de la comunidad estudiantil. La resolución concluyó que la decisión adoptada por la institución educativa provocó un daño moral que impactó de manera significativa el proyecto de vida del joven identificado como Sergio “N”.
El fallo fue dictado por el juez octavo de lo civil, José Chaparro Sánchez, y ha provocado diversas reacciones en los ámbitos educativo y jurídico debido a las implicaciones que podría tener para casos similares en el futuro. La controversia surge porque la expulsión del estudiante se produjo luego de que más de veinte alumnas presentaran denuncias en su contra por supuestos comportamientos indebidos ocurridos al interior del plantel.
Entre los señalamientos realizados por las estudiantes se encontraban presuntos tocamientos sin consentimiento, solicitudes de fotografías íntimas y otras conductas consideradas ofensivas. Ante estas acusaciones, el Instituto Tesla inició procedimientos internos y dio parte a las autoridades competentes para la atención del caso.
La institución educativa informó que toda la información recabada fue entregada a la Fiscalía Especializada de la Mujer, así como a organismos responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes. Durante el desarrollo del proceso judicial se integraron diversos elementos probatorios, entre ellos testimonios de estudiantes, declaraciones obtenidas con acompañamiento psicológico, comparecencias de personal docente y material audiovisual relacionado con los hechos denunciados.
Directivos del plantel señalaron que se aportaron numerosas evidencias para sustentar las decisiones tomadas por la escuela. Sin embargo, la resolución judicial favoreció al exalumno al considerar que la expulsión tuvo consecuencias que afectaron su desarrollo personal y académico.
Representantes de la institución expresaron preocupación por el alcance de esta sentencia, al advertir que podría influir en futuros procedimientos disciplinarios dentro de escuelas y colegios que enfrenten denuncias relacionadas con violencia, hostigamiento o acoso, generando nuevos retos para la protección de las víctimas y la actuación de las instituciones educativas.
