Por Pepe Alemán

Desabasto de agua ya es una crisis de gobernabilidad, asienta diputada en tribuna

La legisladora del Verde dijo que ante las múltiples quejas contra el Interapas el descontento social aumenta de manera preocupante y por ello es inevitable exigir cuentas a quien se encarga de la conducción política del organismo.

Tras responsabilizar a Enrique Galindo Ceballos, como presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, de la crisis de desabasto de agua en la capital, en Soledad de Graciano Sánchez y en Villa de Pozos, en Tribuna del Congreso del Estado la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez denunció que la dimensión del problema que enfrenta la ciudadanía ha escalado de lo administrativo a la ingobernabilidad.

Lamentó que un derecho humano como lo es el acceso al agua potable termine en una preocupación permanente y una contingencia extraordinaria, en una muestra de incapacidad para dar respuestas y soluciones a la ciudadanía, “es imposible no señalar una responsabilidad directa, el presidente de la Junta de Gobierno del Interapas no puede seguir actuando como si esta crisis fuera ajena a su ámbito de responsabilidad, los cargos públicos no existen para administrar excusas, existen para resolver problemas”, sentenció.

La legisladora del Verde dijo que ante las múltiples quejas contra el Interapas el descontento social aumenta de manera preocupante y por ello es inevitable exigir cuentas a quien se encarga de la conducción política del organismo.

Martínez Vázquez se refirió también al maltrato que reciben las y los usuarios por parte de funcionarios del Interapas, quienes en lugar de ofrecer soluciones les someten a actitudes groseras, prepotentes y en el menor de los casos indiferencia e insensibilidad, lo que demuestra la condición humana de quienes dirigen el organismo y su Junta de Gobierno.

Por ello, la legisladora local señaló que ante la necesidad ciudadana desatendida, a la población no le queda otro recurso que la manifestación, la protesta, el bloqueo de calles, “por eso debemos decir las cosas con claridad y de frente, lo que ocurre en San Luis Potosí ya no es un asunto meramente administrativo, es un problema social, es un problema de gobernabilidad, es un problema de derechos humanos y es un problema que tiene responsables”, expresó. 

La diputada instó a las y los compañeros de Legislatura a alzar la voz en favor del derecho al agua de todas las familias potosinas, porque, acusó, quien calla ante la tiranía de quien mancilla a sus comunidades que gobierna, quien es neutral ante la injusticia elige el lado del opresor y se convierte en su cómplice.