Con el propósito de fortalecer la protección de quienes transitan por las carreteras y vialidades del estado, fue presentada una iniciativa de reforma al Código Penal de San Luis Potosí para ampliar el alcance del delito contra la seguridad vial e incluir de manera específica las agresiones cometidas mediante el lanzamiento de objetos peligrosos contra vehículos.
La propuesta surge ante los diversos incidentes registrados en distintas zonas de la entidad, donde personas han arrojado piedras, piezas metálicas y otros objetos desde puentes peatonales, pasos elevados o lugares con poca visibilidad, provocando daños materiales y poniendo en peligro la integridad de conductores y pasajeros.
Además de los casos que involucran a vehículos particulares, también se han documentado ataques dirigidos a patrullas, unidades de emergencia y vehículos oficiales, situaciones que han generado preocupación por el riesgo que representan para la seguridad pública y la movilidad en las carreteras.
La reforma plantea que incurra en el delito contra la seguridad vial quien, sin una causa justificada, lance, arroje, coloque o deposite objetos peligrosos o armas prohibidas sobre vías estatales o municipales, o directamente contra vehículos en circulación o detenidos, siempre que dichas acciones puedan afectar la vida, la integridad física de las personas, la seguridad del tránsito o el funcionamiento de las unidades.
Asimismo, se propone establecer que un objeto peligroso sea considerado como cualquier elemento que, por su tamaño, peso o características, tenga la capacidad de causar daños a personas o vehículos. Con ello se busca brindar mayor claridad jurídica y facilitar la persecución de estas conductas.
La iniciativa contempla aumentar las sanciones actualmente previstas, planteando penas de cuatro a nueve años de prisión, además de multas que irían de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, junto con la reparación del daño ocasionado. También se propone que las penas aumenten en dos terceras partes cuando el hecho sea cometido desde puentes peatonales, pasos a desnivel o cualquier infraestructura elevada, así como en los casos en que participe algún servidor público.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su estudio y análisis, con el objetivo de fortalecer el marco legal y contribuir a una mayor protección de la ciudadanía en las vialidades potosinas.
