Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes dentro de los centros educativos, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, mediante la cual se pretende incorporar nuevos conceptos y modalidades de atención que respondan a las problemáticas que actualmente afectan la convivencia escolar.

La legisladora explicó que la propuesta surge ante la necesidad de actualizar el marco jurídico estatal, ya que las dinámicas sociales y el uso creciente de las tecnologías han dado paso a nuevas formas de violencia y agresión que impactan el desarrollo integral del alumnado y vulneran sus derechos fundamentales.

La iniciativa plantea que las instituciones educativas cuenten con herramientas más amplias para prevenir, identificar y atender situaciones de riesgo, privilegiando estrategias orientadas a la formación de entornos seguros y al fortalecimiento de una cultura de respeto, inclusión y paz.

Martínez Vázquez recordó que la Ley General de Educación establece la obligación de las autoridades educativas de promover mecanismos para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar, además de impulsar la educación socioemocional, la resolución pacífica de conflictos y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En ese contexto, señaló que diversos ordenamientos estatales aún conservan una visión centrada principalmente en medidas disciplinarias o de control, sin incorporar plenamente enfoques modernos relacionados con la protección integral de la infancia, la salud mental, la perspectiva de género, la participación estudiantil y la justicia restaurativa.

La propuesta legislativa también reconoce que el maltrato y la violencia en las escuelas representan uno de los principales desafíos para el sistema educativo, debido a las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que pueden generar en las y los estudiantes, afectando su aprendizaje, desarrollo personal y convivencia social.

Por ello, se busca que la legislación estatal evolucione para responder a las nuevas realidades que enfrentan las comunidades escolares, fortaleciendo las acciones preventivas y promoviendo una mayor coordinación entre autoridades educativas, familias y sociedad.

De aprobarse, la reforma contribuiría a consolidar espacios educativos más seguros e incluyentes, donde se privilegie el bienestar del alumnado y se garantice el ejercicio pleno de sus derechos, mediante políticas públicas enfocadas en la prevención y la atención integral de la violencia escolar.