Con el propósito de fortalecer la atención a personas que enfrentan problemas de adicción y garantizar que los servicios se brinden bajo estándares adecuados de calidad y seguridad, el diputado Luis Felipe Castro Barrón anunció la presentación de una iniciativa orientada a armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales que regulan el funcionamiento de los centros de rehabilitación.

El legislador explicó que la propuesta busca establecer mecanismos que permitan verificar que las residencias dedicadas al tratamiento de adicciones cuenten con las certificaciones oficiales, permisos correspondientes y personal especializado para atender este tipo de padecimientos, considerados un problema de salud pública que afecta a miles de familias.

Castro Barrón destacó que las recientes inspecciones realizadas por autoridades sanitarias en distintos municipios han evidenciado la necesidad de fortalecer la supervisión de estos establecimientos. Señaló que tanto en Soledad de Graciano Sánchez como en Villa de Pozos se han llevado a cabo revisiones para constatar que los centros operen conforme a la normatividad vigente y ofrezcan condiciones adecuadas a sus usuarios.

Indicó que muchas de estas instituciones reciben a jóvenes, adolescentes y adultos que buscan superar problemas relacionados con el consumo de sustancias, por lo que resulta indispensable que los tratamientos sean proporcionados por personal capacitado y bajo modelos de atención profesional que garanticen el respeto a los derechos humanos y la integridad de los pacientes.

El diputado subrayó que las adicciones deben ser tratadas como enfermedades que requieren atención especializada, razón por la cual los centros de rehabilitación están obligados a cumplir requisitos legales y sanitarios que permitan ofrecer servicios seguros y efectivos.

Asimismo, manifestó su respaldo a las acciones emprendidas por las autoridades para clausurar aquellos establecimientos que incumplen con las disposiciones oficiales o que representan un riesgo para las personas internadas. Consideró que la vigilancia permanente es fundamental para evitar abusos, malas prácticas o situaciones que comprometan la salud de quienes buscan apoyo para recuperarse.

Finalmente, señaló que la iniciativa pretende brindar mayor certeza jurídica, elevar la calidad de los servicios de rehabilitación y fortalecer las políticas públicas encaminadas a la prevención y tratamiento de las adicciones en San Luis Potosí.