El presidente del Centro Empresarial de Matehuala, COPARMEX, Juan Carlos Salazar Viezca, afirmó que el Altiplano potosino ha registrado avances importantes en materia de seguridad, principalmente en el combate a la extorsión, un delito que, aseguró, representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el crecimiento del turismo en la región.

El dirigente empresarial destacó que los resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y los gobiernos municipales. Señaló que esta colaboración ha permitido fortalecer las estrategias de prevención y atención de un delito que, de acuerdo con mediciones internas de COPARMEX, ha afectado a uno de cada dos empresarios de la región, aunque aseguró que la incidencia ha disminuido durante los últimos 12 meses.

Salazar Viezca explicó que uno de los mayores retos sigue siendo la falta de denuncias, ya que estimó que el 98 por ciento de los casos de extorsión no se reportan ante las autoridades, lo que dificulta conocer con precisión la dimensión del problema. No obstante, consideró que la reforma legal que convirtió la extorsión en un delito perseguible de oficio ha facilitado la actuación de las autoridades, al eliminar la necesidad de que las víctimas presenten una querella para iniciar las investigaciones.

Como ejemplo de los resultados obtenidos, indicó que la extorsión contra transportistas de materiales que participan en la construcción de la autopista San Luis Potosí–Matehuala fue eliminada, al igual que las cuotas ilegales que enfrentaban recicladores y chatarreros tras la detención de un presunto líder criminal. Afirmó que estas acciones también han contribuido a normalizar la actividad económica de esos sectores y a mejorar las condiciones para el mercado del reciclaje.

Finalmente, el presidente de COPARMEX Matehuala informó que el sector empresarial trabaja con las autoridades en un esquema preventivo para evitar que llegue al norte de San Luis Potosí una modalidad de extorsión relacionada con la distribución de gas LP estacionario, la cual, dijo, ya opera en municipios del estado de Zacatecas mediante el cobro ilegal de cuotas por cada litro comercializado.