El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que dará seguimiento al procedimiento jurídico relacionado con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al patrimonio arqueológico durante la construcción de obras vinculadas con el Tren Maya, una vez que reciba la notificación oficial y conozca el contenido completo del expediente.

A través de un comunicado, la dependencia federal explicó que analizará el caso dentro del marco de sus atribuciones legales y colaborará con las autoridades competentes en caso de que así se requiera, conforme avancen las investigaciones.

La postura del instituto surge después de que un grupo de investigadores del propio INAH presentara una denuncia ante la FGR los días 7 y 8 de julio, en la que solicitaron investigar un posible deterioro en 47 monumentos arqueológicos mayas localizados en las inmediaciones de Chetumal, Quintana Roo, presuntamente relacionado con trabajos derivados del proyecto ferroviario.

En la denuncia también se pidió revisar la actuación de funcionarios que participaron en las labores de salvamento arqueológico y en el desarrollo del denominado Parque de la Memoria Báalam Tun, al considerar que podrían haberse realizado intervenciones sobre estructuras prehispánicas que forman parte del patrimonio cultural de México.

Ante estos señalamientos, el INAH sostuvo que las actividades arqueológicas efectuadas durante el desarrollo del Tren Maya fueron ejecutadas conforme a la legislación vigente y bajo criterios científicos y técnicos orientados a la investigación, conservación y protección de los bienes históricos y arqueológicos.

La institución recordó que los trabajos de salvamento arqueológico forman parte de los procedimientos obligatorios en proyectos de infraestructura de gran escala y tienen como finalidad documentar, preservar y proteger los vestigios localizados durante las obras.

Asimismo, reiteró que los denominados Parques de la Memoria fueron desarrollados siguiendo los lineamientos establecidos para la conservación del patrimonio cultural, por lo que será el análisis del expediente y, en su caso, las investigaciones de la Fiscalía las que determinen si existió alguna irregularidad.

Mientras tanto, el INAH aseguró que permanecerá atento al desarrollo del proceso legal y reafirmó su compromiso con la protección, investigación y conservación del patrimonio arqueológico del país, así como con el cumplimiento de la normatividad que regula este tipo de intervenciones.