La llegada masiva de migrantes a Ceuta puso nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades españolas. La Delegación del Gobierno estimó en alrededor de 5 mil las personas que ingresaron desde Marruecos, mientras medios públicos marroquíes situaron el número hasta en 30 mil.

La mayoría de quienes cruzaron la frontera son hombres jóvenes que buscan permanecer en España y acceder posteriormente a otros países europeos. El ingreso ocurrió de manera simultánea y sin una intervención policial significativa en el momento del cruce, lo que provocó una concentración extraordinaria de personas en la ciudad autónoma.

Uno de los principales desafíos se encuentra en la capacidad de alojamiento. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado oficialmente para 512 personas, ya albergaba a más de 750, por lo que cientos de recién llegados permanecen en los alrededores a la espera de un espacio. Algunos han instalado refugios improvisados con mantas, cartones, plásticos y sábanas.

La situación adquiere una dimensión adicional por la presencia de alrededor de 500 menores de edad no acompañados. Conforme a la legislación española, las autoridades deben garantizarles protección y trasladarlos a instalaciones adecuadas, mientras se determina si pueden reunirse con sus familiares o requieren tutela estatal.

A la crisis de acogida se suma la emergencia en el mar. Cuatro cuerpos fueron recuperados en menos de 24 horas en distintos puntos del litoral ceutí, elevando a 31 las personas fallecidas cuyos restos han sido localizados en las costas de la ciudad desde el inicio del año.

Ante el escenario, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, pidió al Gobierno español activar un plan de “emergencia nacional”, además de reforzar la seguridad fronteriza, aumentar los recursos para la acogida y establecer una coordinación específica para atender a los menores migrantes.