Con el objetivo de actualizar el marco legal en materia de prevención y combate de incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González presentó una iniciativa para expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí, propuesta que busca sustituir la legislación vigente desde 2013 e incorporar un modelo enfocado en la prevención, la gestión integral del riesgo y el uso responsable del fuego.
La iniciativa plantea dejar atrás un esquema centrado principalmente en la atención de emergencias para dar paso a una estrategia preventiva que permita reducir la incidencia de incendios mediante acciones de planeación, monitoreo y coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
Uno de los principales ejes de la propuesta es la creación del Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo, herramienta que permitiría identificar las zonas con mayor vulnerabilidad a incendios forestales mediante criterios científicos, información territorial y condiciones ambientales, con el propósito de anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones.
Asimismo, el proyecto redefine las atribuciones de diversas dependencias estatales para mejorar la coordinación institucional. En este sentido, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) sería la autoridad encargada de dirigir la política estatal en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH) asumiría las acciones relacionadas con las actividades agrícolas y pecuarias.
La propuesta también establece nuevas disposiciones para las quemas controladas y prescritas, las cuales únicamente podrían realizarse bajo planes previamente autorizados, con personal certificado y conforme a un Calendario Estatal de Quemas, cuyo cumplimiento sería obligatorio para quienes desarrollen este tipo de actividades.
Otro de los aspectos relevantes contempla el fortalecimiento del régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones de la nueva legislación. Entre las medidas planteadas se incluyen multas de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), la revocación de autorizaciones y permisos, así como la obligación de reparar los daños ocasionados al medio ambiente cuando un incendio sea consecuencia de acciones negligentes o contrarias a la normativa.
El legislador señaló que la actualización de la legislación responde a los nuevos desafíos ambientales y a la necesidad de armonizar las disposiciones estatales con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas de Ecología y Medio Ambiente, Seguridad Pública y Desarrollo Rural y Forestal, donde será analizada antes de continuar con el proceso correspondiente para su eventual aprobación.
