Autoridades federales realizaron dos operativos en San Luis Potosí que derivaron en el aseguramiento de inmuebles presuntamente utilizados para el procesamiento ilegal de hidrocarburos, como parte de una estrategia nacional para combatir el robo y manejo ilícito de combustibles.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y personal de Pemex Logística. De acuerdo con las autoridades, los cateos fueron resultado de trabajos de inteligencia y de información obtenida a través de denuncias ciudadanas.

El primero de los operativos se efectuó en una nave industrial ubicada en la capital potosina, donde previamente se detectó un flujo constante de autotanques que ingresaban al inmueble. Durante la inspección, los agentes localizaron una importante cantidad de petrolífero, estimada entre 500 mil y 600 mil litros.

Además del combustible, en el sitio fueron asegurados ocho tanques con capacidad de 80 mil litros cada uno, 894 contenedores tipo tótem, un generador eléctrico de diésel, maquinaria especializada para el manejo de hidrocarburos, equipo de cómputo y una camioneta tipo pick-up, elementos que quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

El segundo cateo se llevó a cabo en un predio localizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino. En ese lugar fueron encontrados 18 tanques verticales de almacenamiento, dos líneas de producción, diversas muestras de ácido sulfúrico y aproximadamente 40 mil litros de petróleo crudo y diésel.

Las autoridades informaron que ambos operativos formaron parte de un despliegue coordinado que también incluyó intervenciones en los estados de Hidalgo y Morelos, donde fueron localizadas otras instalaciones que presuntamente eran utilizadas para actividades similares.

La FGR señaló que las investigaciones continuarán para determinar la posible responsabilidad de personas relacionadas con estos inmuebles y establecer el origen de los hidrocarburos asegurados.

De acuerdo con la estrategia federal, estas acciones buscan debilitar la infraestructura operativa y financiera de las redes dedicadas al robo y procesamiento ilegal de combustibles, además de impedir que este tipo de actividades continúen representando un riesgo para la seguridad, el medio ambiente y la economía del país.