La diputada Sara Rocha Medina presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo mediante el cual busca exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a diversas dependencias gubernamentales a garantizar el respeto al derecho humano de la libertad de expresión, así como actuar bajo principios de legalidad e imparcialidad.

La propuesta plantea que las instituciones públicas deben conducirse con apego a los marcos constitucionales y legales, con el objetivo de brindar certeza jurídica en sus decisiones y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como una restricción indebida a las manifestaciones de carácter político.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que el ejercicio de la libertad de expresión representa un elemento fundamental dentro de una sociedad democrática y que ninguna autoridad debe utilizar sus atribuciones para limitar derechos ciudadanos por motivos políticos.

El punto de acuerdo también contempla un llamado a las dependencias gubernamentales para que sus actuaciones se desarrollen bajo criterios de respeto a los derechos humanos y sin generar prácticas de censura.

Rocha Medina destacó la importancia de preservar espacios de participación y debate público, especialmente en temas relacionados con la vida política del país, donde los distintos actores tienen derecho a expresar sus opiniones dentro de los límites establecidos por la ley.

La legisladora argumentó que las instituciones electorales y gubernamentales tienen la responsabilidad de garantizar condiciones de equidad, transparencia y respeto a las libertades individuales, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos.

Asimismo, indicó que las expresiones de dirigentes partidistas y representantes políticos forman parte del intercambio de ideas dentro del sistema democrático, siempre que se mantengan dentro del marco normativo vigente.

La iniciativa será analizada conforme al proceso legislativo correspondiente, donde se determinará su viabilidad y los alcances que podría tener en caso de ser aprobada.

Con esta propuesta, se abre nuevamente el debate sobre la relación entre las autoridades, los derechos fundamentales y la regulación de las expresiones públicas en el ámbito político, en busca de establecer criterios que permitan equilibrar el cumplimiento de la ley con la protección de las libertades ciudadanas.