Con el objetivo de armonizar la legislación educativa de San Luis Potosí con las disposiciones federales vigentes, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Educación del Estado, enfocada en fortalecer la inclusión, la igualdad sustantiva y la prevención de cualquier forma de violencia dentro del entorno escolar.

El legislador explicó que los cambios planteados responden a una nueva visión del derecho a la educación, en la que se reconoce la importancia de garantizar espacios seguros, equitativos y libres de discriminación para todas las personas estudiantes.

Entre las modificaciones propuestas se contempla actualizar el artículo 12 de la legislación estatal para establecer que la educación deberá desarrollarse bajo principios de inclusión, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, con la finalidad de que las instituciones educativas cuenten con herramientas que permitan atender las distintas necesidades de la comunidad estudiantil.

La iniciativa plantea también reconocer que la violencia representa una de las condiciones estructurales que pueden convertirse en obstáculos para el aprendizaje y la participación plena de niñas, niños, adolescentes y jóvenes dentro del sistema educativo.

De acuerdo con la propuesta, esta actualización permitiría que las autoridades educativas impulsen acciones orientadas a eliminar prácticas que generen desigualdad, exclusión o limitaciones para el desarrollo académico de las y los estudiantes.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 107 de la Ley de Educación estatal para incorporar conceptos con mayor precisión jurídica en materia de diversidad y derechos, sustituyendo expresiones consideradas imprecisas por términos reconocidos en el marco normativo actual, como el uso de “orientación sexual” en lugar de “preferencia sexual” y “estereotipos de género” en lugar de “aspectos de género”.

El diputado señaló que estos ajustes buscan evitar interpretaciones que puedan generar confusión y establecer con mayor claridad que son los prejuicios y estereotipos sociales los que pueden convertirse en barreras para el acceso y permanencia en los servicios educativos.

La propuesta será analizada por las comisiones legislativas correspondientes, donde se revisará su viabilidad y los alcances que tendría en la normativa educativa del estado.

Con esta iniciativa se pretende avanzar hacia un modelo educativo más incluyente, donde la protección de derechos, la igualdad de oportunidades y la erradicación de las violencias sean elementos fundamentales en la formación de las nuevas generaciones.