Con el objetivo de fortalecer la protección del derecho humano al agua en San Luis Potosí, la diputada Nancy Jeanine García Martínez presentó una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de armonizar la legislación local con los principios establecidos en la Carta Magna federal.

La propuesta plantea ampliar el reconocimiento del derecho al agua, al considerar que la normativa vigente contempla únicamente el acceso a este recurso, pero no incorpora de manera explícita otros elementos fundamentales como la disponibilidad y el saneamiento, aspectos considerados indispensables para garantizar una vida digna.

La legisladora señaló que el acceso al agua debe entenderse bajo una visión integral que contemple condiciones de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y costos adecuados para la población, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Explicó que la reforma busca fortalecer la responsabilidad del Estado para implementar políticas públicas, desarrollar infraestructura hidráulica, establecer mecanismos de regulación y promover la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de garantizar el suministro adecuado del recurso.

Asimismo, la iniciativa incorpora un enfoque de igualdad sustantiva, al establecer que las autoridades deberán generar acciones específicas para atender las necesidades de personas y comunidades que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, quienes pueden enfrentar mayores dificultades para acceder a servicios básicos de agua potable.

García Martínez destacó que garantizar el derecho humano al agua implica asegurar un mínimo vital que permita a las personas disponer del recurso de manera continua, suficiente y segura, evitando que factores económicos, sociales o territoriales representen obstáculos para su acceso.

La propuesta también busca que el Estado adopte medidas diferenciadas para atender las necesidades de distintos sectores de la población y avanzar hacia una gestión del agua con perspectiva de derechos humanos.

Con esta modificación constitucional, se pretende que San Luis Potosí cuente con un marco jurídico fortalecido que responda a los retos actuales en materia hídrica y garantice que el acceso al agua sea reconocido como un derecho esencial para el bienestar y desarrollo de todas las personas.