Con el propósito de reforzar las herramientas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para ampliar la publicidad y accesibilidad del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de San Luis Potosí.

La propuesta contempla adicionar el artículo 167 septies al Código Familiar del Estado, con la finalidad de establecer mecanismos que permitan a cualquier persona consultar de manera abierta la información contenida en este registro, cuya administración corresponde actualmente al Poder Judicial del Estado.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la legisladora, el derecho a recibir alimentos constituye una garantía reconocida tanto en instrumentos internacionales como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación estatal y demás disposiciones aplicables. Su protección debe considerar de manera prioritaria el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, señaló que la existencia de un marco jurídico no ha impedido que persistan casos de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esta situación obliga a las personas afectadas a recurrir ante las autoridades judiciales para exigir que se haga efectivo un derecho fundamental.

Ante este panorama, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de exigibilidad mediante una mayor transparencia del padrón, bajo el argumento de que el acceso público a esta información puede contribuir a generar mayores condiciones de responsabilidad y cumplimiento.

Entre las modificaciones planteadas se establece que el registro deberá tener carácter público, con acceso libre y consulta abierta, además de mantenerse disponible de forma permanente a través de medios electrónicos.

Para ello, se propone la creación o habilitación de una plataforma digital oficial que permita consultar el padrón de manera sencilla y continua, facilitando el acceso a la información sin necesidad de acudir físicamente ante una autoridad.

La legisladora sostuvo que esta medida pretende fortalecer la protección de quienes tienen derecho a recibir alimentos y contribuir a que las obligaciones establecidas por la ley sean efectivamente cumplidas.

La propuesta será analizada dentro del proceso legislativo correspondiente antes de determinar si se aprueba y se incorpora formalmente al marco jurídico estatal.