San Luis Potosí enfrenta un rezago importante en materia de vivienda, particularmente en los segmentos social y económico, situación que representa uno de los principales desafíos ante el crecimiento económico que registra la entidad, señaló Neil Selene Castro Ortega, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo San Luis Potosí. Indicó que estimaciones del propio sector ubican la necesidad habitacional en alrededor de 50 mil viviendas, aunque precisó que esta cifra corresponde a una estimación y no es necesariamente equivalente a las metas establecidas por los programas federales.
Explicó que el panorama comienza a transformarse con el programa federal Vivienda para el Bienestar, que contempla para San Luis Potosí una meta de 38 mil viviendas mediante el Infonavit y otras 9 mil a través de la Conavi. Añadió que ya se han concretado acciones iniciales en municipios del interior del estado, como Charcas, donde se realizó una primera entrega formal y fueron seleccionados 250 beneficiarios. Esto, dijo, confirma que los beneficios del programa no estarán concentrados exclusivamente en la zona metropolitana.
Castro Ortega destacó que el programa está dirigido principalmente a personas que históricamente no han tenido vivienda propia, no cuentan con créditos habitacionales vigentes y se encuentran dentro de los rangos de ingresos establecidos. Ante ello, hizo un llamado a la población a realizar los registros directamente, debido a que el trámite es personal y gratuito. Advirtió que nadie puede cobrar por registrar a una persona, garantizarle un lugar o asegurarle la asignación de una vivienda, por lo que es necesario prevenir posibles fraudes.
El presidente de AMPI consideró que la construcción de decenas de miles de viviendas generará una importante demanda de suelo, urbanización, agua, energía, movilidad, escuelas, comercio, servicios y equipamiento urbano. Por ello, señaló que el reto no debe limitarse a definir dónde se construirán los desarrollos, sino analizar qué infraestructura tendrán, qué tan cerca estarán de los centros de trabajo, cuál será su conectividad y qué servicios estarán disponibles para las familias. Una vivienda que se construya sin planeación, dijo, puede convertirse en un problema si se encuentra mal localizada o carece de servicios.
Finalmente, Castro Ortega sostuvo que San Luis Potosí necesita una política de vivienda que permita ampliar el acceso al patrimonio y reducir el rezago histórico, al mismo tiempo que se fortalece un mercado inmobiliario profesional, ordenado y transparente. Añadió que será indispensable contar con reservas territoriales adecuadas, certeza jurídica, infraestructura hidráulica, movilidad, equipamiento y coordinación entre los tres niveles de gobierno y los desarrolladores. Subrayó que el impacto del programa Vivienda para el Bienestar irá más allá de los próximos años, por lo que la vivienda debe convertirse en uno de los pilares del crecimiento estatal, acompañada de profesionalización, planeación y acciones concretas.
