Luego de una audiencia que se prolongó por cerca de 14 horas, un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas cometido por un servidor público que habría ocultado información.
La resolución fue emitida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien consideró que los elementos presentados durante la audiencia eran suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario estatal.
Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó un periodo de cuatro meses para realizar la investigación complementaria, plazo en el que buscará reunir y fortalecer los elementos relacionados con el caso. Mientras avanza esta etapa, Ángel “N” deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El exgobernador será recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, donde permanecerá durante el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.
Por su parte, la defensa presentó 31 datos de prueba con el propósito de cuestionar los argumentos de la representación ministerial y evitar que se dictara la vinculación a proceso.
Entre los elementos aportados por los abogados se incluyeron testimonios de personas que ocuparon cargos relevantes durante la administración de Aguirre. Uno de ellos fue Jesús Martínez Garmelo, quien se desempeñó como secretario general de Gobierno durante su gestión.
También declaró Felipe Martín Ornelas Rebollo, quien estuvo a cargo de tareas relacionadas con la seguridad del entonces gobernador.
Sin embargo, después de analizar los argumentos y elementos presentados por ambas partes, el juez consideró que las pruebas de la defensa no contaban con la fuerza suficiente para desvirtuar los señalamientos formulados por la Fiscalía.
Con la decisión judicial, el proceso contra el exmandatario guerrerense continuará en una nueva etapa, durante la cual el Ministerio Público tendrá cuatro meses para ampliar las indagatorias y presentar los elementos que considere pertinentes.
La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino la determinación judicial de que existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe formalmente bajo control de un juez.
Durante este periodo, la defensa podrá continuar presentando argumentos y elementos para sostener la posición del exgobernador ante las autoridades judiciales.