El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó distintas zonas del centro y oeste de Colombia dejó hasta ahora 321 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El organismo informó que la tragedia también ha dejado 4 mil 595 personas heridas y mantiene a 257 personas en calidad de desaparecidas. En contraste, 364 personas han sido localizadas y rescatadas durante las labores de emergencia desplegadas después del movimiento telúrico.
Los daños materiales también alcanzaron una dimensión considerable. Según el balance oficial, más de 30 mil 800 viviendas quedaron completamente destruidas, mientras que cerca de 152 mil presentan algún tipo de afectación. A esto se suma el colapso de más de 300 edificios en las regiones golpeadas por el sismo.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno colombiano puso en marcha medidas extraordinarias para atender a las familias damnificadas y comenzar la recuperación de las zonas afectadas. El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto mediante el cual declaró la emergencia económica, social y ecológica.
El mandatario señaló que la respuesta gubernamental deberá ir más allá de la reconstrucción de viviendas, debido a que también será necesario recuperar negocios, escuelas, hospitales y otras instalaciones indispensables para el funcionamiento de las comunidades.
La dimensión de los daños representa un desafío importante para las autoridades colombianas, que deberán coordinar las labores de atención, búsqueda y rescate, así como la reconstrucción de infraestructura.
El presidente también reconoció las dificultades financieras que enfrenta el país para responder a una emergencia de esta magnitud. Explicó que las condiciones fiscales actuales limitan el margen de maniobra del Estado para afrontar los gastos extraordinarios que implica la reconstrucción.
Mientras continúan las labores de atención, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y la evaluación de los daños, con el objetivo de determinar las necesidades prioritarias de las comunidades y avanzar en las acciones de recuperación.
