El Gobierno de México presentó una propuesta para sustituir la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, con una legislación que busca responder a los principales desafíos ambientales del país y fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, atender y revertir daños ecológicos.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la iniciativa será enviada al Congreso de la Unión y pretende establecer una política ambiental centrada en la justicia, el bienestar de las comunidades y la conservación del patrimonio natural. El planteamiento reconoce que las condiciones ambientales actuales son distintas a las existentes cuando se creó la legislación vigente.

Entre los nuevos elementos destacan disposiciones específicas para enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como un programa de restauración ecológica. También se incorporan conceptos como prevención, reparación y remediación de daños ambientales, además de herramientas relacionadas con la economía circular.

La propuesta contempla una mayor participación ciudadana y busca fortalecer el acceso a información y justicia ambiental. También plantea combinar conocimientos científicos y tecnológicos con los saberes de pueblos indígenas y afrodescendientes para impulsar medidas de conservación y aprovechamiento sustentable.

Bárcena señaló que uno de los objetivos centrales es priorizar la prevención de los daños antes que su reparación. Bajo esta lógica, los grandes proyectos deberán someterse a evaluaciones estratégicas que permitan analizar sus posibles efectos de manera integral y evitar que sean divididos artificialmente para reducir el alcance de las revisiones ambientales.

La iniciativa también pretende reforzar la protección de especies y ecosistemas, así como garantizar el derecho a un medio ambiente sano, particularmente por sus implicaciones para la salud de la población. Ahora corresponderá al Congreso analizar la propuesta y definir su posible incorporación al marco jurídico mexicano.