Con modificaciones las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado aprobaron una reforma a la Ley de Personas Adultas Mayores del Estado que propone una supervisión y evaluación de las estancias de día y permanentes para personas de la tercera edad.

La propuesta del diputado Luis Emilio Rosas Montiel adiciona inciso al Artículo 23 y el Párrafo Segundo al Artículo 23 Bis de la citada Ley fue votado en segundo término ya que el Dictamen proviene de la Comisión legislativa de Salud.

El legislador propone en la primera adición evaluar las condiciones de salud, atención y cuidado de las personas adultas mayores; mientras que en el segundo párrafo del 23 Bis agregado establece que el DIF verificará que las estancias temporales y permanentes públicas o privadas cumplan con la normatividad en materia de atención y cuidado de personas adultas mayores y cuenten con certificaciones en atención y cuidado de personas adultas mayores.

La modificación que hizo la Comisión Dictaminadora es que ya contempla esta facultad de certificación en el área que se propone al Instituto Nacional de Atención a Personas Adultas Mayores (Inapam), el segundo párrafo lo determina como improcedente y modifica el texto de la fracción que se propone quedando de la siguiente manera: Fracción Tercera del artículo 23: supervisión y evaluación de las estancias de día y permanentes atendiendo la verificación de que cuenten con personal capacitado y certificado de atención y cuidado de personas adultas mayores.

El Dictamen modificado y aprobado también establece que para los efectos del párrafo anterior las instituciones deberán promover la certificación del personal de su adscripción, es decir, modifica los dos incisos y suprime el Artículo 23 en virtud de lo que le correspondiera al DIF.

Al respecto, el presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos destacó la trascendencia de continuar avanzando en la protección de los derechos de las personas adultas mayores con reformas como la que aprobaron, que fortalecen el marco jurídico del estado y garantizan que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente sus derechos y recibir una atención adecuada por parte de las instituciones.

“No podemos olvidar que una sociedad que respeta y protege a sus personas adultas mayores es una sociedad que reconoce el valor de quienes han contribuido durante toda su vida a construir nuestras comunidades”, enfatizó.