La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumple este martes un año con su nueva integración, periodo en el que ha celebrado 163 sesiones públicas y resuelto más de 2 mil 600 asuntos. El balance incluye la reducción de un importante rezago heredado y resoluciones con impacto en materia fiscal, derechos indígenas y afromexicanos, medio ambiente y protección de víctimas.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, consideró positivo el desempeño del nuevo pleno y destacó que al inicio de esta etapa recibieron más de mil 400 expedientes acumulados. De acuerdo con el ministro, a principios de agosto únicamente permanecían 56 asuntos pendientes dentro de ese rezago.
Entre los casos de mayor impacto económico se encuentran los relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego. El máximo tribunal confirmó créditos fiscales que, en conjunto, superan los 48 mil 326 millones de pesos, con lo que se desahogaron litigios que permanecían pendientes desde años anteriores.
La nueva integración también ha emitido criterios relacionados con lavado de dinero, violencia vicaria, abuso sexual infantil y acceso al agua. En materia de derechos colectivos, reconoció la participación de pueblos indígenas y afromexicanos en controversias constitucionales cuando sus derechos puedan verse afectados.
Otro bloque relevante corresponde a asuntos ambientales y sociales. La Corte ordenó medidas para garantizar el acceso al agua en comunidades con rezago y determinó acciones frente a riesgos de contaminación y al uso de glifosato en comunidades mayas de Campeche.
El tribunal también validó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales y resolvió asuntos relacionados con pensiones, créditos fiscales y declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Mientras tanto, permanece pendiente una definición sobre la prisión preventiva oficiosa, tema que Aguilar Ortiz confió en que pueda resolverse antes de finalizar el año.
A un año de su renovación, la Corte enfrenta ahora el desafío de trasladar este ritmo de resolución al resto del Poder Judicial de la Federación, donde aún persisten cargas de trabajo y expedientes pendientes.
