En 2024, San Luis Potosí encabezó la lista de los 30 nacimientos con madres más jóvenes en México, tras exponer un caso en el municipio de Matehuala donde una niña de 11 años quedó embarazada de un hombre de 47. La información que fue replicada a nivel nacional por colectivos feministas como Amor no es Violencia A.C., derivó en cuestionamientos ante la fiscalía general del Estado (FGE).

Un año después, la división informativa, NMás, replicó un ejercicio similar y filtró la información reportada por la Secretaría de Salud (SSA) en materia de nacimientos, con la lista, Las 30 Niñas Más Pequeñas Que Fueron Madres en 2025. En ella, la entidad potosina aparece de nuevo, esta vez en el décimo lugar.

A partir de esta información, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) del Estado reconoció como un reto importante el combate a las prácticas de usos y costumbres que fomentan el abuso sexual de niñas y niños en comunidades alejadas, entre ellos el matrimonio infantil.

Según su titular, Roxana Hernández, la dependencia mantiene comunicación directa con especialistas en estudios de género y líderes ejidatarios para erradicar este tipo de uniones, que si bien, son aceptadas de acuerdo a algunas costumbres tradicionales, va en contra de los derechos de la infancia mexicana y está penado por la ley.

Aunque el filtrado no especifica el tipo de relación que vincula a una menor de 11 años con un hombre de 36 y de la que derivó un nacimiento en Ciudad Valles; la autoridad penal del Estado señala que este tipo de casos, aunque haya consentimiento, constituyen un delito por el que la Fiscalía inicia una carpeta de oficio bajo la figura de violación específica.

A escasos 15 días de haber iniciado su gestión como secretaria, Hernández aseguró que la dependencia puso sobre la mesa este tema y trabaja en conjunto con la Universidad Intercultural en un proyecto de concientización al respecto.

"Solo te puedo decir que esperamos buenos resultados de estas mesas de trabajo y de esta coordinación que estamos haciendo con la Secretaría de Salud. Yo creo que es un tema de abuso sexual y que sí nos ponemos a estudiar a fondo, a veces es este sistema integral de educación sexual que no tenemos", respondió para este medio la funcionaria.

La secretaria también argumentó que la falta de reconocimiento a los abusos sexuales de niñas potosinas está relacionada actualmente, con un prevalente desconocimiento de los tipos de violencia hacia las mujeres de todas las edades.

La preocupación por romper paradigmas relacionados a la pederastia es generalizada, aunque no exclusiva de comunidades indígenas ya que, según información del periódico, El Sol de San Luis, la fiscal María Manuela García Cázares reconoció la existencia de denuncias relacionadas a este delito, principalmente en el municipio de San Luis Potosí y la zona metropolitana.

Por su parte, aunque en 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no registró ningún caso de unión civil en personas menores de 18 años, la legislatura actual recientemente promovió una reforma al Código Penal en materia de matrimonio infantil y cohabitación forzada, mediante los artículos 184 Bis y 200 Bis del capítulo I Bis al Título Cuarto. En ellos, se establecen de manera expresa las sanciones que incluyen desde 8 a 15 años de prisión hasta multan que oscilan entre los mil y 2 mil 500 UMAS.

Hasta el momento, la FGE no ha emitido información con respecto a este reciente caso ocurrido en la Huasteca potosina.