El Gobierno de Cuba comenzó a poner en marcha un paquete de reformas económicas que amplía las posibilidades de participación del capital privado y extranjero, en un intento por enfrentar la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla.

Las nuevas disposiciones permiten a empresas privadas cubanas realizar directamente operaciones de importación y exportación, asociarse con inversionistas extranjeros y mantener cuentas bancarias fuera del país. También eliminan la obligación de contratar trabajadores nacionales mediante agencias estatales.

Otro de los cambios alcanza al sector inmobiliario y al aprovechamiento de terrenos. Las nuevas reglas flexibilizan las figuras de usufructo y uso de propiedades públicas y privadas para facilitar proyectos de largo plazo relacionados con infraestructura, industria y bienes raíces.

El paquete también modifica el funcionamiento de las empresas estatales, otorgándoles mayor autonomía en materia operativa y financiera. El objetivo oficial es elevar su eficiencia, fortalecer su competitividad y facilitar el acceso a fuentes de capital privado y extranjero.

Estas medidas forman parte de las 176 reformas anunciadas por Miguel Díaz-Canel en junio, posteriormente aprobadas por el Parlamento cubano. Desde entonces, el Gobierno ha publicado decretos, leyes y disposiciones complementarias para comenzar su aplicación.

La apertura ocurre en medio de una fuerte presión económica internacional. Las medidas de Estados Unidos contra Cuba, incluidas restricciones sobre el suministro de petróleo y nuevas sanciones contra funcionarios y entidades de la isla, han profundizado las dificultades que enfrenta la economía cubana.

En paralelo, el Gobierno ya había permitido la participación privada en actividades como gasolineras, farmacias, puertos y bancos. Según cifras oficiales, Cuba cuenta actualmente con más de 15 mil pequeñas y medianas empresas, que generan empleo para más de un tercio de la población económicamente activa.