La discusión en torno al Proyecto Hídrico Monterrey VI debe abordarse mediante un análisis integral que permita conocer sus implicaciones técnicas y garantizar el acceso al agua de las poblaciones involucradas, consideró la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

La legisladora señaló que el proyecto corresponde principalmente al ámbito federal, por lo que su análisis técnico debe estar encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con los gobiernos de los estados relacionados con la estrategia.

García Martínez reconoció que Nuevo León enfrenta una situación complicada debido a la disponibilidad de agua y consideró comprensible la búsqueda de alternativas para atender sus necesidades. Sin embargo, planteó que también deben revisarse otras opciones que permitan incrementar el suministro sin comprometer el acceso al recurso en otras regiones.

Explicó que el Congreso de San Luis Potosí no tiene facultades directas para intervenir en la determinación del proyecto, aunque sí puede participar mediante opiniones, análisis o exhortos cuando corresponda. En este sentido, subrayó la importancia de respetar las atribuciones de cada nivel de gobierno y de las instituciones responsables de la gestión del agua.

La diputada afirmó que desde el Congreso existe disposición para mantener la coordinación con Conagua y el Gobierno Federal en las estrategias relacionadas con el recurso hídrico, al considerar que se trata de un asunto que requiere la participación de todos los actores involucrados.

Entre los aspectos que, a su consideración, deben revisarse se encuentran las condiciones de los acueductos, las rutas de distribución y la disponibilidad de las cuencas y aguas de jurisdicción federal.

García Martínez sostuvo que antes de definir cualquier infraestructura hidráulica es necesario determinar cuáles alternativas son técnica y socialmente convenientes, tomando en cuenta las necesidades de cada territorio.

La legisladora enfatizó que el agua debe ser considerada un derecho humano y que las decisiones en materia hídrica deben incorporar criterios de justicia y equilibrio entre las distintas regiones.

Finalmente, señaló que cualquier estrategia debe evitar que una solución para atender la demanda de una entidad genere problemas de abastecimiento en otra, por lo que insistió en la necesidad de realizar un análisis profundo antes de avanzar con decisiones definitivas sobre el proyecto Monterrey VI.