El Gobierno de Argentina amplió su ofensiva legal contra empresas petroleras británicas que operan en las islas Malvinas al incorporar a cinco compañías a una denuncia penal por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Entre las firmas señaladas se encuentran Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Desire Petroleum Limited, todas vinculadas con proyectos petroleros desarrollados bajo licencias otorgadas por las autoridades de las islas, cuya validez Argentina desconoce.
El conflicto se concentra particularmente en el proyecto Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Rockhopper mantiene una participación de 35 por ciento, mientras que la petrolera israelí Navitas controla el 65 por ciento y tiene a su cargo el desarrollo del yacimiento, con planes para comenzar la producción de crudo en 2028.
La nueva denuncia también alcanza a Borders & Southern Petroleum PLC y a su filial Borders & Southern Falkland Islands Limited. La compañía británica posee tres licencias para desarrollar actividades de exploración en áreas marítimas situadas al sureste del archipiélago y ha realizado trabajos en la zona durante aproximadamente dos décadas.
Las acciones judiciales forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Javier Milei para cuestionar las operaciones petroleras realizadas en las Malvinas. Argentina sostiene que las licencias concedidas por el gobierno de las islas carecen de legitimidad debido a la disputa de soberanía con Reino Unido.
Además de las denuncias penales, el gobierno argentino inició procedimientos administrativos dirigidos contra empresas, accionistas y directivos relacionados con los proyectos petroleros.
La medida ocurre mientras el desarrollo de Sea Lion avanza hacia una eventual etapa de producción, lo que incrementa la relevancia económica de los recursos energéticos ubicados en las aguas disputadas entre Argentina y Reino Unido.
