Integrantes de comunidades garífunas mantienen un campamento de resistencia en los cayos de la costa atlántica de Honduras ante una orden de desalojo y la posibilidad de detenciones relacionadas con su oposición al rodaje de un programa de televisión en la zona. Los manifestantes aseguran que defienden su territorio, así como ecosistemas considerados fundamentales para la conservación de especies marinas.

La tensión aumentó luego de que autoridades notificaran una resolución que contempla la detención de dirigentes del movimiento si permanecen en el sitio. Pese al despliegue de elementos de seguridad en las inmediaciones, durante la jornada no se reportaron acciones para desalojar a los manifestantes, quienes decidieron continuar con su protesta.

La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) sostiene que la movilización busca proteger áreas de importancia ambiental, entre ellas zonas de anidación de la tortuga carey. Además, acusa a las autoridades y empresas involucradas de priorizar intereses económicos sobre la conservación del entorno natural y los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Mientras la protesta continúa, una productora española desarrolla la grabación de un programa de entretenimiento en una zona cercana. De acuerdo con los inconformes, el proyecto se realiza sin que exista una consulta previa adecuada a los habitantes locales sobre el uso de los territorios que consideran parte de sus derechos colectivos.

Los representantes de Ofraneh también señalan que las demandas relacionadas con consulta libre e informada, reconocimiento territorial y acceso a información sobre los proyectos desarrollados en la región han sido planteadas durante años sin obtener respuesta satisfactoria. Aseguran que estas solicitudes forman parte de resoluciones emitidas previamente por instancias internacionales de derechos humanos.

La controversia ha colocado en el centro del debate a la empresa Sociedad de Inversiones Ecológicas (SIEC), señalada por los manifestantes como responsable de promover acciones legales en su contra. Los activistas afirman que dicha compañía participa en decisiones relacionadas con el uso de la zona donde se desarrolla el conflicto.

Además de las disputas territoriales, los habitantes expresan preocupación por posibles impactos ambientales derivados de las producciones televisivas. Entre los daños denunciados se encuentran alteraciones a ecosistemas costeros, restricciones para actividades tradicionales de pesca y afectaciones a especies protegidas.

Los líderes comunitarios advirtieron que buscan una solución pacífica al conflicto, aunque manifestaron inquietud por los antecedentes de violencia contra defensores ambientales y de derechos territoriales en Honduras. Por ello, exigieron diálogo, transparencia y respeto a los derechos de las comunidades garífunas que habitan la región.