El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el 12 de septiembre en Cuautla, volvió a poner bajo la atención pública la situación de violencia que enfrentan las mujeres en Morelos. El caso de la estudiante española se sumó a una problemática que organizaciones civiles han documentado durante más de dos décadas.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), organización que promovió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), ha registrado feminicidios en la entidad desde el año 2000 y ha señalado que las medidas implementadas no han sido suficientes para revertir la problemática.
La Alerta fue decretada el 10 de agosto de 2015 inicialmente para ocho municipios: Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec, Yautepec y, posteriormente, Cuautla quedó incluido en la estrategia estatal de atención prioritaria. Actualmente, el gobierno estatal mantiene acciones específicas en estos ocho municipios.
De acuerdo con cifras atribuidas a la CIDHM en el reporte citado, entre 2020 y 2025 se contabilizaron mil 590 feminicidios, mientras que para 2026 la organización reportó 70 casos documentados hasta el momento. Estas cifras corresponden a su propio registro y pueden diferir de las estadísticas oficiales debido a las metodologías empleadas.
La violencia feminicida también ha sido acompañada por otros factores sociales, entre ellos desigualdad, embarazo adolescente y condiciones económicas que afectan de manera diferenciada a mujeres, adolescentes y niñas.
Frente a este escenario, las autoridades estatales han implementado nuevas estrategias para atender la declaratoria. Actualmente se contemplan módulos de atención inmediata, coordinación con la Fiscalía y los servicios de salud, además de acciones de prevención y acompañamiento jurídico y psicológico.
El gobierno estatal también informó que mantiene coordinación con autoridades federales para dar seguimiento a las medidas de la alerta y establecer mecanismos que permitan evaluar sus resultados.
Para especialistas y organizaciones civiles, el reto no se limita a atender los casos una vez que ocurren, sino a intervenir sobre las condiciones sociales que favorecen la violencia. En ese sentido, se plantea fortalecer las políticas de prevención, educación, salud, seguridad y acceso a la justicia.
Mientras continúan estas acciones, casos como el de Claudia Tacoronte mantienen vigente el debate sobre la capacidad institucional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en Morelos.
