Un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales derivó en la detención de Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y Carlos Alberto “N”, identificado con el alias de “La Parca”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las órdenes judiciales están relacionadas con los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Las capturas se efectuaron durante un despliegue realizado en territorio oaxaqueño, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

También colaboraron agentes de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

Según las investigaciones citadas por las autoridades, ambos detenidos serían investigados por su presunta relación con una estructura criminal que habría desarrollado actividades de extorsión y cobro de piso contra comerciantes y empresarios de la región.

Las indagatorias también contemplan posibles vínculos con otros delitos, entre ellos narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes.

Las autoridades mantienen abierta además una investigación para establecer si existieron posibles mecanismos de protección que hubieran permitido las operaciones de grupos delictivos en la zona.

Como parte del seguimiento financiero del caso, la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo el bloqueo de cuentas y la inmovilización de recursos pertenecientes a personas presuntamente relacionadas con las investigaciones.

El despliegue se realizó dentro de la estrategia federal denominada Cero Impunidad. Tras las detenciones, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme al proceso judicial.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que los señalamientos en su contra deberán ser acreditados durante las distintas etapas del procedimiento legal.