De los mil 794 millones de pesos con inconsistencias e irregularidades encontrados en las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2025 a los 113 entes auditables en todo el estado, descontando los 600 millones que en automático se registran a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por no permitir auditar sus ingresos propios, 650 millones de pesos son responsabilidad directa de Enrique Galindo Ceballos: 450 como presidente municipal de San Luis Potosí y 200 millones como presidente del Consejo de Administración del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro (Interapas), lo que representa el 54 por ciento, de acuerdo con los resultados de las 180 auditorías presentados por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
Durante la comparecencia ante esa instancia legislativa por parte del titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, señaló:
“Son 450 millones de pesos de la capital, reiterando que de estos casi mil 800 millones de pesos más de 600 millones son del tema de la Universidad, que se le observa todo el monto, nos ha ido bien en Tribunales y creemos que se va a sostener”, enfatizó.
Especificó que las principales observaciones al gobierno municipal de Enrique Galindo se concentran en obras públicas, donde el laboratorio del IFSE ha detectado que las obras no cumplen con las especificaciones contratadas y pagadas, por lo que podrían rehacerse esas obras o devolver dinero.
“Con nuestro laboratorio de obra pública determinamos el uso de los materiales que supuestamente contrataron, no estamos diciendo que el Ayuntamiento tiene que contratar algunos materiales en específico, pero sí que los que hayan pagado sean los que efectivamente se encuentran, con el laboratorio sacamos cilindros, vemos primero el grosor, hacemos pruebas aleatorias en diferentes zonas, sobre todo de pavimento, y luego lo metemos en prensas hidráulicas para ver la durabilidad y se mandan a analizar también a un laboratorio en el estado de Guanajuato, para ver la calidad de los materiales, así es que logramos identificar gran parte de las observaciones”, explicó.
El presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia, diputado Luis Fernando Gámez Macías, pidió que se implementara un candado para que aquellos funcionarios públicos no distraigan recursos públicos para su promoción y hacer un exhorto para que “mientras ellos andan en entrevistas de trabajo o de otra índole dejen a la ciudadanía tirada”, a lo que el auditor potosino accedió y anunció que en el ejercicio 2026 pondrán especial énfasis en la revisión de los gastos en medios de comunicación, “es un tema recurrente que se ha disparado, muchos alcaldes desafortunadamente aspiran a cargos públicos manejando recursos públicos actualmente y sí se presta mucho a la distracción y sobre todo a la promoción personalizada a través de los medios de comunicación que contratan”, subrayó.
Entre los resultados presentados por el IFSE, el auditor potosino ponderó que cinco municipios, 21 entes estatales y 10 organismos descentralizados no tuvieron observaciones; los municipios que salieron limpios en sus cuentas 2025 son: Tancanhuitz, Villa Juárez, Xilitla, Lagunillas y Coxcatlán.
Añadió que los pliegos con las observaciones preliminares fueron entregados el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre a los entes auditados para que antes de diciembre, que el IFSE tiene que entregar los informes finales individualizados al Congreso, solventen las observaciones; de lo contrario, se judicializarán los expedientes y los funcionarios responsables serán castigados.
Por otro lado, sobre los procesos de judicialización, Rodrigo Lecourtois señaló que ya hay al menos 10 sentencias por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) que confirman las sanciones impuestas a funcionarios públicos en ejercicios fiscales anteriores.
