A partir del proceso electoral de 2028, las personas con doble nacionalidad que busquen competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar previamente a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana.

La modificación fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales requeridas para una reforma constitucional. El cambio incorpora esta condición a los requisitos establecidos para quienes pretendan ocupar los principales cargos ejecutivos del país y de las entidades federativas.

La medida no elimina el derecho de los mexicanos a conservar dos o más nacionalidades. La restricción se concentra en quienes pretendan registrarse como candidatos a alguno de los cargos contemplados por la reforma. Para hacerlo, deberán acreditar la renuncia a la otra nacionalidad antes de solicitar su registro ante el Instituto Nacional Electoral.

El nuevo esquema también establece restricciones durante el ejercicio del cargo: quienes resulten electos no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar documentos de identidad extranjeros ni ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía distinta de la mexicana.

La aplicación quedó aplazada hasta 2028, debido a que las modificaciones no pueden alterar las reglas de una elección que ya se encuentra en curso. La legislación secundaria deberá definir los procedimientos para formalizar la renuncia ante las autoridades correspondientes.

Con la reforma, el requisito de nacionalidad única queda vinculado directamente con la posibilidad de competir por los cargos de Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno, mientras que la doble nacionalidad seguirá siendo permitida para el resto de los ciudadanos.