Durante septiembre, la Guardia Civil Estatal (GCE) realizó operativos de prevención, vigilancia y reacción en los 59 municipios de San Luis Potosí, con un saldo de 755 personas detenidas por su probable participación en distintos hechos delictivos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que como parte de las acciones desarrolladas durante el mes también fueron recuperados 84 vehículos que contaban con reporte de robo.
En materia de aseguramientos relacionados con presuntas actividades de narcomenudeo, la corporación reportó el decomiso de 180 kilogramos con 365 gramos de marihuana, además de mil 760 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina.
A estos resultados se sumaron 39 dosis de cocaína, siete dosis de crack y 347 cigarrillos que contenían marihuana, según el reporte presentado por la SSPC.
Los operativos también derivaron en el aseguramiento de armas de fuego, cargadores y cartuchos, aunque la información proporcionada por la dependencia no especifica la cantidad correspondiente a cada uno de estos objetos.
Entre los artículos decomisados se encuentran además 278 ponchallantas, utilizados para afectar la circulación de vehículos y que suelen estar relacionados con hechos delictivos o situaciones de riesgo en carreteras y vialidades.
La SSPC señaló que las acciones fueron desplegadas mediante la presencia de elementos de la Guardia Civil Estatal en los 59 municipios, con labores enfocadas en la prevención y atención de hechos delictivos.
Los datos corresponden al balance operativo de septiembre y contemplan detenciones, recuperación de vehículos y aseguramientos realizados durante ese periodo.
La dependencia indicó que los resultados forman parte de las acciones de seguridad implementadas en el territorio estatal, con operativos que incluyen labores de vigilancia y respuesta ante reportes o situaciones consideradas de riesgo.
En el caso de las 755 personas detenidas, la autoridad las identifica como probables responsables de distintos hechos delictivos, por lo que su situación jurídica deberá determinarse conforme avancen los procedimientos correspondientes.
