Realizar llamadas falsas o de broma al 911 podría convertirse en un delito sancionado con hasta dos años de prisión en Guanajuato. Una iniciativa presentada ante el Congreso local plantea castigar esta conducta con penas de dos meses a dos años de cárcel y multas equivalentes a entre 50 y 100 días.

La propuesta fue impulsada por el diputado independiente Sergio Contreras Guerrero, quien busca reformar el Código Penal del estado mediante la incorporación de los artículos 231 bis y 231 ter, enfocados en el uso indebido de los servicios de emergencia.

El proyecto contempla, además, aumentar las sanciones hasta en una mitad cuando la movilización provocada por una llamada falsa ocasione daños materiales a vehículos oficiales o particulares utilizados en la atención de incidentes.

Durante la exposición de motivos, el legislador advirtió que los reportes engañosos pueden comprometer la capacidad de respuesta de las corporaciones, al destinar personal, equipo y recursos económicos a situaciones que no representan una emergencia real.

Para dimensionar el problema, Contreras Guerrero citó datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal correspondientes a 2025. Según las cifras presentadas, las instituciones de seguridad pública del país recibieron casi 55 millones de llamadas de emergencia durante ese año.

De ese universo, alrededor de 13.7 millones fueron clasificadas como procedentes, equivalentes al 24.9 por ciento. En contraste, aproximadamente 41.9 millones —el 74.6 por ciento— correspondieron a llamadas falsas, de broma, incompletas u otras categorías.

El legislador sostuvo que la reforma pretende desincentivar el uso irresponsable de la línea 911 y preservar la disponibilidad de los servicios de auxilio. Sin embargo, la iniciativa todavía debe cumplir el procedimiento legislativo para determinar si las sanciones propuestas serán incorporadas a la legislación de Guanajuato.