El Gobierno de Filipinas convocó al embajador de China en Manila para manifestarle su inconformidad por unas declaraciones que interpretó como una amenaza de recurrir a la fuerza. El episodio profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países, enfrentados por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional.

La secretaria de Asuntos Exteriores filipina, María Teresa Lázaro, comunicó al diplomático Jing Quan la preocupación y el rechazo de su gobierno por sus comentarios del 15 de octubre. La funcionaria los calificó de provocadores e inaceptables y advirtió que Manila podría adoptar nuevas medidas diplomáticas.

La controversia surgió después de que el representante chino afirmara ante periodistas que su país tendría facilidad para imponerse en un enfrentamiento, aunque aseguró que Pekín no pretende recurrir a la fuerza y que apuesta por la paz. Sus palabras respondieron a críticas previas del secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, quien había señalado a China como un factor de inestabilidad regional.

La reacción también llegó al Congreso filipino. La oficina del senador Erwin Tulfo presentó una resolución para solicitar que Jing sea declarado persona non grata, mientras otros legisladores han planteado la expulsión del embajador.

Desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, acusó a algunos políticos filipinos de exagerar los asuntos relacionados con China y perjudicar las relaciones bilaterales. Asimismo, pidió a Manila contener lo que describió como declaraciones y acciones irresponsables.

El conflicto diplomático ocurre en medio de incidentes entre fuerzas militares y guardias costeras de ambos países en el mar de China Meridional, una vía marítima estratégica cuya soberanía es objeto de disputas. China reclama gran parte de esa zona, pese a un fallo arbitral internacional que rechazó el fundamento jurídico de sus amplias reivindicaciones.