El gobierno de Argentina puso en marcha una nueva estrategia para reducir la plantilla de la administración pública mediante un programa de retiros voluntarios que contempla la salida de hasta 20 mil trabajadores. La iniciativa se suma a los recortes aplicados desde que Javier Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023.

El plan tendrá una duración de un mes a partir del 1 de noviembre y establece compensaciones económicas diferenciadas según la edad y la antigüedad de cada empleado. Además, quienes acepten el retiro no podrán reincorporarse a la administración pública durante los siguientes ocho años, de acuerdo con las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

Las autoridades justificaron la medida como parte de una política para mejorar la distribución de los recursos públicos y reducir el gasto estatal. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el programa al señalar que el ajuste busca generar condiciones para continuar disminuyendo los impuestos.

Sin embargo, la propuesta provocó el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció una movilización contra el decreto. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó el carácter voluntario del mecanismo y sostuvo que representa una forma de presión sobre los empleados.

Según cifras difundidas por Sturzenegger en septiembre, desde el inicio de la gestión de Milei se eliminaron alrededor de 77 mil 500 puestos en el Estado nacional, equivalentes al 21% de la plantilla.

Los recortes se producen en un escenario de dificultades para el mercado laboral argentino. Fuentes sindicales reportan pérdidas de empleos privados formales, mientras que la informalidad ronda el 45%, un indicador que refleja los desafíos económicos y laborales que enfrenta el país.