Por Redacción Contra Réplica

Sheinbaum reconoce que instalación de SIMSA en Guanajuato tenía permisos; irregularidades estaban en el transporte de hidrocarburos

La presidenta señaló que las anomalías detectadas estaban relacionadas con los vehículos que trasladaban combustible al sitio asegurado en San José Iturbide, donde se reportó el hallazgo de alrededor de 59 millones de litros de hidrocarburos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la instalación de almacenamiento de hidrocarburos de la empresa SIMSA, asegurada en San José Iturbide, Guanajuato, contaba con los permisos correspondientes, aunque reconoció que se detectaron irregularidades en el transporte del combustible que ingresaba al lugar.

Al ser cuestionada sobre el caso, la mandataria explicó que, de acuerdo con la información de la que dispone, las anomalías estaban relacionadas con los vehículos utilizados para trasladar los hidrocarburos hasta las instalaciones y no necesariamente con la totalidad de la operación del sitio.

“En general, toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa”, afirmó.

Sheinbaum precisó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar información detallada sobre las investigaciones y determinar si existieron otras irregularidades o posibles delitos vinculados con las actividades de la empresa.

El caso cobró relevancia tras el aseguramiento de una instalación en San José Iturbide, donde las autoridades reportaron el hallazgo de aproximadamente 59 millones de litros de hidrocarburos. El operativo fue presentado inicialmente como un decomiso de combustible presuntamente ilegal.

A partir de estos hechos, las autoridades revisan las condiciones en que se transportaba el combustible y la documentación relacionada con su traslado, con el propósito de establecer si hubo conductas ilícitas, incluido el posible contrabando de hidrocarburos.

La declaración presidencial introduce una distinción entre los permisos de la instalación y las presuntas irregularidades relacionadas con el transporte del combustible. Sin embargo, la situación jurídica del caso dependerá de los resultados de las investigaciones ministeriales.

La FGR será la encargada de esclarecer los hechos, determinar si existen otras anomalías y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.