La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge “N” y Hugo Gabriel “N”, dos hermanos imputados por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de una mujer de 42 años que desapareció el pasado 16 de septiembre en la alcaldía Tláhuac.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la mujer salió de un domicilio familiar a bordo de una camioneta en compañía de Jorge “N”. Ambos acudieron a un establecimiento y posteriormente se trasladaron a un inmueble ubicado en la alcaldía Iztacalco, al que horas después también ingresó Hugo Gabriel “N”.
Como parte de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación analizaron videograbaciones, realizaron entrevistas y revisaron información digital y técnica para reconstruir los movimientos de la víctima y de los dos imputados. Estas diligencias permitieron establecer que posteriormente se desplazaron hacia el Estado de México y Morelos.
El 4 de octubre, durante las labores de búsqueda efectuadas en coordinación con autoridades de Morelos, fueron localizados restos óseos en esa entidad. Posteriormente, un dictamen pericial en materia de genética confirmó que correspondían a la mujer desaparecida.
Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos hermanos. Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados el 7 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, desde donde los detenidos fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México.
Durante la audiencia celebrada el 12 de octubre, un juez determinó vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Ambos permanecerán privados de la libertad mientras avanza el procedimiento judicial. La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, por lo que los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad penal mediante una resolución judicial.
