La crisis climática, el deterioro de la biodiversidad y la contaminación requieren respuestas que trasciendan las fronteras y sumen tanto a los gobiernos como a la sociedad, coincidieron especialistas universitarios al analizar los desafíos ambientales y la necesidad de construir mecanismos de cooperación internacional.

Fausto Quintana Solórzano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el multilateralismo permite coordinar instituciones, políticas y acciones entre países frente a problemas que difícilmente pueden resolverse de manera individual.

El investigador también advirtió que las consecuencias ambientales no afectan a todas las naciones por igual. Los países con menos recursos enfrentan mayores dificultades para responder a estos fenómenos, por lo que consideró importante fortalecer las capacidades de gestión y la participación de las comunidades locales.

En el ámbito estatal y municipal, la atención de estos problemas requiere colaboración entre autoridades, empresas, organizaciones civiles y ciudadanía. Este modelo de gobernanza busca distribuir responsabilidades e incorporar diferentes perspectivas en la planeación y toma de decisiones.

Por su parte, Louis Valentin MBalla, profesor investigador y director de la revista ECCA de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), destacó que los resultados de la investigación académica deben servir como referencia para diseñar políticas públicas. También subrayó que la población necesita contar con espacios efectivos para intervenir en las decisiones relacionadas con el medio ambiente.

Juan Ignacio Barajas Villarroel, investigador de la misma facultad y editor en jefe de la publicación, participó en el análisis sobre la importancia de generar diálogo y colaboración frente a los desafíos ecológicos.

Los especialistas también señalaron el papel de las universidades públicas en la formación de nuevas generaciones, mediante la incorporación transversal de la educación ambiental en los programas académicos.

La discusión pone de relieve la necesidad de conectar el conocimiento científico con las decisiones gubernamentales y la participación social para desarrollar respuestas coordinadas ante los problemas ambientales contemporáneos.