El Poder Judicial de San Luis Potosí impulsa acciones para agilizar los procedimientos judiciales, especialmente en materia familiar, donde asuntos relacionados con custodias, convivencias y pensiones alimenticias pueden prolongarse debido a las distintas etapas legales que contempla cada proceso.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, explicó que uno de los factores que influyen en los tiempos de resolución es la presentación de recursos legales por parte de quienes participan en un juicio.

Detalló que, cuando alguna de las partes está inconforme con una resolución judicial, tiene derecho a presentar una apelación o promover un juicio de amparo. Estos mecanismos forman parte de las garantías legales, pero también implican nuevas etapas procesales que pueden extender la duración de los asuntos.

Ante este escenario, Zarazúa Martínez indicó que se mantiene una coordinación con los juzgados familiares para revisar alternativas que permitan mejorar los tiempos de atención y facilitar la resolución de controversias.

Entre las acciones contempladas se encuentra el fortalecimiento de la mediación y la conciliación, mecanismos que pueden ayudar a las partes a alcanzar acuerdos sin necesidad de prolongar un litigio, siempre que la naturaleza del asunto y las disposiciones legales lo permitan.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia también informó que se trabaja en el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales mediante procesos de selección de personal judicial, particularmente de secretarios de acuerdos.

La incorporación y preparación de personal busca contribuir al desarrollo de las labores en los juzgados y favorecer una atención más ágil de los expedientes.

La funcionaria reiteró que el Poder Judicial estatal continuará promoviendo medidas para mejorar la eficiencia de los procedimientos y ofrecer una justicia más oportuna y cercana a la ciudadanía.

Las acciones anunciadas se enfocan en optimizar el funcionamiento de los juzgados y fortalecer las vías de solución de conflictos, sin dejar de lado el derecho de las partes a recurrir a los mecanismos de defensa previstos en la ley.