La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acumula observaciones por aproximadamente 600 millones de pesos, situación que podría derivar en responsabilidades para los funcionarios involucrados, advirtió Rodrigo Lecourtois, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

De acuerdo con el funcionario, el rector de la institución optó por llevar el asunto a instancias judiciales, en lugar de resolver las observaciones señaladas por el organismo fiscalizador. El procedimiento legal mantiene el tema en disputa, mientras continúa el seguimiento de las presuntas irregularidades detectadas.

Lecourtois precisó que las posibles consecuencias no se aplicarían de manera automática a la universidad como institución, sino a los servidores públicos a quienes se les finquen responsabilidades conforme a los procedimientos correspondientes.

El titular del IFSE también hizo referencia a casos de exrectores que, según explicó, ya cuentan con créditos fiscales firmes y enfrentan procesos de embargo. Estos antecedentes, indicó, muestran que las observaciones derivadas de la fiscalización pueden tener consecuencias personales para quienes resulten responsables, incluso después de concluir su periodo al frente de una institución.

En ese contexto, advirtió que una situación similar podría presentarse para el actual rector de la UASLP cuando termine su gestión, siempre que los procedimientos correspondientes determinen responsabilidades y se cumplan las condiciones legales para aplicar las medidas respectivas.

El caso vuelve a colocar bajo atención pública el manejo de los recursos de la máxima casa de estudios potosina y el seguimiento a las observaciones realizadas por las autoridades fiscalizadoras. Sin embargo, la existencia de observaciones no equivale por sí misma a una resolución definitiva sobre la responsabilidad de una persona, por lo que el desenlace dependerá de las instancias competentes.

La controversia también pone de relieve la importancia de aclarar el destino de los recursos observados y de garantizar que cualquier procedimiento se desarrolle conforme a la ley, respetando el derecho de defensa de los funcionarios señalados.

Hasta que concluyan los procesos legales y administrativos, las responsabilidades individuales deberán determinarse con base en las resoluciones correspondientes.