La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión exhaustiva de la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de administraciones anteriores, ante señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y procesos de licitación.

Durante su conferencia matutina del jueves 29 de octubre, la mandataria cuestionó el manejo de los recursos del organismo y acusó a Taddei de haber traicionado la confianza de la ciudadanía. No obstante, señaló que corresponde a las autoridades fiscalizadoras investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra índole.

Sheinbaum precisó que la designación de Taddei se realizó mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, y no por decisión directa del titular del Ejecutivo federal. Insistió en que la prioridad debe ser garantizar transparencia en las contrataciones y en el uso del presupuesto electoral.

La solicitud de revisión, explicó, debería incluir los contratos con empresas proveedoras, los fideicomisos, los proyectos de infraestructura, las remuneraciones de los consejeros y las liquidaciones entregadas a funcionarios. También propuso examinar los procedimientos de contratación de organismos electorales estatales.

La presidenta afirmó que desde años anteriores han existido cuestionamientos sobre empresas intermediarias que participan en licitaciones relacionadas con materiales electorales. Como alternativa, planteó crear una empresa pública dedicada a las artes gráficas para elaborar gran parte de la papelería electoral, con precios justos y mecanismos de supervisión mediante un consejo de administración.

En otro momento, Sheinbaum cuestionó los privilegios de algunos funcionarios electorales y mencionó el caso del expresidente del INE Lorenzo Córdova, quien regresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras concluir su gestión. Contrastó esa situación con su propia trayectoria académica y sostuvo que decidió renunciar a su plaza universitaria.

La mandataria también advirtió que los señalamientos públicos no constituyen por sí mismos pruebas de culpabilidad y rechazó que el asunto derive en linchamientos mediáticos.

Finalmente, reiteró que las autoridades competentes deben investigar las posibles anomalías y esclarecer los hechos para garantizar la transparencia y fortalecer la confianza en las instituciones electorales.