El Instituto Nacional Electoral (INE) contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión extraordinaria de las compras, adquisiciones y contrataciones realizadas desde 2023, con el propósito de examinar la legalidad de estos procedimientos y el uso de los recursos públicos.

La propuesta forma parte de un proyecto que será sometido a consideración del Consejo General del organismo y plantea una fiscalización emergente sobre el desempeño de las áreas responsables de los procesos administrativos, así como de los contratos y operaciones considerados prioritarios para su revisión.

Esta iniciativa se presenta en un contexto de cambios en la dirección del instituto, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, ocurrida nueve días antes de que se diera a conocer el proyecto. Su salida se produjo mientras existían señalamientos e investigaciones relacionados con presuntas irregularidades en procedimientos de contratación.

Tras asumir la presidencia provisional, Blanca Cruz García y las demás consejerías comenzaron un diagnóstico de las condiciones administrativas y operativas del organismo, con la intención de detectar áreas que requieran ajustes y fortalecer los mecanismos de vigilancia institucional.

Como parte de este proceso también se han realizado modificaciones en la estructura administrativa. Algunos funcionarios vinculados con la anterior gestión dejaron sus puestos, mientras que otras áreas y responsabilidades relacionadas con las contrataciones se encuentran bajo revisión.

La eventual intervención de la ASF se sumaría a las auditorías que esa misma instancia ha anunciado sobre posibles anomalías en licitaciones y adjudicaciones directas efectuadas por el instituto.

De manera paralela, el Órgano Interno de Control del INE mantiene abiertas revisiones para determinar si existieron faltas administrativas, conflictos de interés u otras conductas que pudieran generar responsabilidades para servidores públicos involucrados en los procedimientos investigados.

Mientras se desarrollan estas acciones, las consejerías también continúan con los preparativos de los procesos electorales previstos para 2027 y la elaboración de documentos estratégicos para la organización de los comicios.

La solicitud de auditoría extraordinaria aún deberá ser evaluada por el Consejo General; por ahora, constituye una de las medidas planteadas para revisar el manejo administrativo y financiero del organismo electoral.