Una presunta red empresarial relacionada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habría obtenido contratos públicos por más de 2 mil 700 millones de pesos para suministrar material electoral entre 2015 y 2025, de acuerdo con una investigación presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

El informe, elaborado a partir de registros de Compranet y la Plataforma Nacional de Transparencia, documenta dos periodos de adjudicaciones. Entre 2015 y 2023, las compañías señaladas consiguieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos en 23 organismos electorales locales. Posteriormente, de 2024 a 2025, acumularon otros 646.3 millones en 15 entidades.

Entre las firmas identificadas figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández. Según las indagatorias, el control de algunas de estas compañías habría pasado a familiares de los hermanos.

La Secretaría también expuso posibles mecanismos para favorecer a estas empresas, como la participación coordinada de compañías relacionadas en concursos públicos, con aparentes acuerdos para establecer precios y limitar la competencia.

Otro foco de atención son las presuntas irregularidades fiscales y financieras. El análisis señala que algunas firmas compartirían domicilios y teléfonos, además de carecer de personal registrado o capacidad técnica suficiente. También se investigan transferencias entre distintas empresas para dificultar el rastreo del destino final de los recursos.

Buenrostro precisó que, al tratarse de contratos de organismos electorales autónomos, corresponde a instancias como la Auditoría Superior de la Federación, los órganos internos de control y el Congreso revisar posibles responsabilidades.

Por su parte, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones relacionadas con posibles operaciones ilícitas y facturación simulada.