El llamado a investigar presuntas anomalías en la contratación de materiales y servicios del Instituto Nacional Electoral (INE) sumó el respaldo de al menos 15 gobernadores y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quienes respaldaron la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum para esclarecer posibles actos de corrupción.

Los pronunciamientos fueron difundidos mediante redes sociales y comunicados institucionales, luego de que se señalaran posibles irregularidades en la asignación de contratos millonarios a un grupo de empresas durante más de 20 años.

Los mandatarios de Campeche, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Colima, Yucatán, Chiapas, Morelos, Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí se sumaron a la exigencia de revisar los procedimientos de contratación y determinar si existen responsabilidades entre funcionarios de distintas administraciones.

Entre las posturas expresadas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, consideró que las indagatorias deben incluir a anteriores gestiones del instituto. El gobernador de Tabasco, Javier May, pidió identificar a quienes autorizaron las adjudicaciones y a los beneficiarios de los contratos.

En tanto, la mandataria veracruzana, Rocío Nahle, sostuvo que la autonomía de los organismos electorales no los exime de la vigilancia sobre el uso de recursos públicos ni de responder ante posibles irregularidades.

La discusión también puso sobre la mesa los límites entre independencia institucional y fiscalización. Los gobernadores coincidieron en que la autonomía del INE debe coexistir con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Hasta la noche del jueves 5 de noviembre, nueve gobernadores no habían fijado públicamente una postura: Delfina Gómez, Alfonso Durazo, Julio Menchaca, Américo Villarreal, Evelyn Salgado, Víctor Manuel Castro, Saúl Monreal, Alfredo Ramírez Bedolla y Miguel Ángel Navarro.