Las agresiones físicas que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal ejercieron contra varios jóvenes durante una detención en las inmediaciones del Mercado República generaron cuestionamientos, luego de que el comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez defendiera la actuación de los uniformados y señalara que los golpes forman parte del procedimiento para asegurar a una persona.

La postura del mando policial surgió después de que se difundiera en redes sociales una grabación en la que se observa a policías capitalinos golpeando a los detenidos, quienes aparentemente ya se encontraban bajo el control de los agentes.

El material provocó inconformidad debido a que, en las imágenes, no se distingue una resistencia evidente por parte de los jóvenes que justificara la continuidad de las agresiones físicas una vez que habían sido sometidos.

Sin embargo, Villa Gutiérrez sostuvo que estas acciones corresponden al proceso de aseguramiento, declaración que abrió nuevamente el debate sobre los límites de la fuerza que pueden ejercer los elementos de seguridad durante una intervención policial.

Al respecto, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que las corporaciones deben conducirse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. Esto significa que cualquier intervención física debe responder al nivel de resistencia de la persona y al riesgo que represente, además de respetar en todo momento su integridad.

Las disposiciones también establecen que los policías deben evitar causar lesiones innecesarias, así como cualquier conducta que implique tratos degradantes o abusos de autoridad hacia las personas detenidas.

A la controversia se sumaron familiares de los jóvenes, quienes se manifestaron en las inmediaciones del Eje Vial para expresar su inconformidad con el operativo y exigir claridad sobre las circunstancias de la detención.

Los inconformes aseguraron que los detenidos son inocentes y cuestionaron el supuesto hallazgo de sustancias ilícitas que habría motivado la intervención policial. Incluso, señalaron la posibilidad de que estas hubieran sido colocadas entre sus pertenencias, acusación que deberá ser investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El caso mantiene bajo cuestionamiento la actuación de los elementos municipales y las circunstancias en las que se realizó el aseguramiento.