El primer oportunista en montarse a la demanda de las feministas para crear un monumento a las víctimas de feminicidio fue el opaco presidente del Consejo Consultivo del Centro Histórico, Horacio Sánchez Unzueta.

Es el mismo personaje que durante su cuatrienio como gobernador (1994-1997) llegó a manipular la procuración de justicia para beneficiar a un presunto asesino miembro de la clase fifí.

El mismo que en el sexenio de Marcelo de los Santos Fraga, al entrar en diferencias con éste, empezó a atacarlo de manera frontal por la inseguridad.

Pero, una vez que se “arregló” con el defraudador de UNICRER, el grave tema se le olvidó durante todas las masacres y desaparecidos que hubo en el gobierno de Fernando Toranzo Fernández.

Igual ocurre ahora con Juan Manuel Carreras, silencio total de un individuo que sin escrúpulos trabaja para la iniciativa privada y también cobra en el gobierno; aparte de administrar con turbiedad los recursos del Centro Consultivo del Centro Histórico.

Él fue el primero en saludar las propuestas de las feministas que piden un memorial de víctimas, pero no como un homenaje para que la misma oficialidad y los responsables de no detener los feminicidios puedan lavarse la conciencia.

Luego le ha seguido en ese obsceno oportunismo el propio gobernador del estado.

Es decir, el principal responsable moral de que la alerta de género para detener la violencia contra la mujer haya resultado un gasto inútil.

Pero, sobre todo, es el responsable político de que la mayoría de los asesinatos contra mujeres (sean feminicidios o no) estén en la impunidad.

Ya nada más falta que aparezca en cualquier momento el fiscal Federico Garza Herrera y el jefe de la Ministerial apoyando entusiastas tal memorial de víctimas.

Frente a estos cínicos funcionarios que tratan de aprovechar una demanda de justicia para convertirla en un simple homenaje a víctimas, lo que en realidad se necesita es un monumento a la injusticia y a la impunidad, donde queden inscritos para la historia no las víctimas, sino los incompetentes funcionarios que han posibilitado esos asesinatos, y luego su falta de castigo.

Es decir, cualquier homenaje debe ser una demanda de justicia, de esclarecimiento de los casos y de castigo a los responsables.

Porque el mejor monumento para las víctimas y sus familias es que se les haga justicia y se les repare el daño. Y no que su nombre quede inscrito para vergüenza de sus familias que nunca obtuvieron respuesta de las autoridades. Una burla.

Es difícil que las férreas feministas se dejen llevar al baile por estos personajes que piensan en sus intereses y en la política, y no en parar los feminicidios y hacer justicia en tales crímenes.

¿O acaso se puede concebir a las feministas cada vez más radicales prestándose a un circo oficialista?

Por cierto, un monumento para las víctimas manejado, subsidiado y aprovechado por las autoridades serviría para justificar a éstas, y no para demandarles y exigirles que cumplan con sus obligaciones.